Resumen
La resolución del Tribunal Constitucional en el caso Rol N° 13.091-22-INA establece como Ratio Decidendi que la nulidad del despido, regulada en el artículo 162 del Código del Trabajo, tiene un fundamento constitucional en los derechos consagrados en el artículo 19 N° 16 y N° 18 de la Constitución, relativos a la protección del trabajo y el derecho a la seguridad social. El Tribunal concluye que esta figura no constituye una sanción penal ni una responsabilidad penal objetiva, sino un mecanismo de apremio legítimo diseñado para garantizar el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores, asegurando su acceso a derechos fundamentales como la pensión, salud y cesantía. La mayoría argumenta que la norma tiene límites temporales implícitos, ya que depende de la voluntad unilateral del empleador convalidar el despido mediante el pago de las cotizaciones adeudadas, descartando así la arbitrariedad o desproporción en su aplicación. Además, se señala que la relación laboral se considera terminada desde el punto de vista de la prestación de servicios, pero las obligaciones patrimoniales del empleador persisten hasta la convalidación del despido, lo que es coherente con el objetivo legislativo de incentivar el cumplimiento de las obligaciones previsionales. Como Obiter Dicta, el Tribunal destaca que el sistema laboral chileno se caracteriza por una flexibilidad externa de salida, donde la reincorporación del trabajador despedido es excepcional, y que la nulidad del despido no genera efectos indeterminados, ya que el marco normativo hace previsible para el empleador las consecuencias de su incumplimiento. Asimismo, se enfatiza que la norma no vulnera la igualdad ante la ley ni el debido proceso, ya que el incumplimiento del empleador es el único factor que activa la aplicación de la nulidad del despido, y que el legislador, al diseñar esta figura, buscó proteger los derechos previsionales del trabajador frente a la morosidad del empleador, sin que ello implique un trato arbitrario o discriminatorio.