La Superintendencia de Salud, a través de su Intendencia de Prestadores, sancionó a una…
Resolución · Superintendencia de Salud · 2022
Resumen
La Superintendencia de Salud, a través de su Intendencia de Prestadores, sancionó a una clínica con una multa de 700 Unidades Tributarias Mensuales por infracción al artículo 141, inciso penúltimo, del DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud. La sanción se impuso tras constatar que el establecimiento condicionó la atención de un paciente que presentaba un examen positivo de SARS-CoV-2, con síntomas asociados y comorbilidades, y que ingresó en condición de riesgo vital o de secuela funcional grave. La autoridad consideró la gravedad de la conducta y las circunstancias del caso para determinar que la multa era una sanción adecuada y proporcional. El pago debe efectuarse en un plazo de cinco días hábiles desde la notificación, a través de la Tesorería General de la República.
Normas citadas
D.F.L. N° 1
Ley N° 19.880
Resolución N° 7, de 2019
Sanciones a prestadores
Preguntas frecuentes
¿Puede una clínica condicionar la atención de urgencia a un paciente con síntomas graves de COVID-19 al pago previo o a garantías económicas?
No, en este caso la Superintendencia de Salud sancionó a una clínica por condicionar la atención de un paciente con examen positivo de SARS-CoV-2, síntomas y comorbilidades, que ingresó en riesgo vital o de secuela grave. La multa fue de 700 UTM por infringir el artículo 141, inciso penúltimo, del DFL N° 1.
¿Qué sanción aplica la Superintendencia de Salud a un prestador que vulnera el deber de atención de urgencia?
En este caso, la Superintendencia de Salud, a través de su Intendencia de Prestadores, impuso una multa de 700 UTM por infracción al artículo 141, inciso penúltimo, del DFL N° 1 de 2005. La autoridad consideró la gravedad de la conducta y las circunstancias del caso para estimar la multa proporcional.
¿Cuál es el plazo para pagar una multa impuesta por la Superintendencia de Salud a una clínica?
En este caso, la resolución dispuso que la multa debe pagarse dentro de cinco días hábiles desde la notificación, a través de la Tesorería General de la República.
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