El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información pública presentado contra una corporación municipal de educación. Al analizar la admisibilidad del reclamo, el Consejo advirtió que la presentación mencionaba el ingreso de una solicitud de información y acompañaba lo que correspondería a parte de una respuesta, pero la documentación no permitía establecer la admisibilidad de la presentación. Por ello, ejerció la facultad prevista en el artículo 46 de su Reglamento y ordenó subsanar las omisiones en un plazo de cinco días hábiles, advirtiendo que de no hacerlo se declararía inadmisible. La parte interesada no efectuó presentación alguna para subsanar, por lo que el Consejo, por la unanimidad de sus miembros presentes, declaró inadmisible el amparo conforme al artículo 24 de la Ley de Transparencia y al citado artículo 46 del Reglamento, y encomendó notificar la decisión a la parte reclamante y a la autoridad de la corporación municipal.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si no subsano las omisiones de un amparo ante el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo advirtió que la presentación no permitía establecer su admisibilidad y ordenó subsanar en cinco días hábiles, con la advertencia de que, de no hacerlo, se declararía inadmisible. Al no efectuarse la subsanación, el amparo fue declarado inadmisible.
¿Cuándo se declara inadmisible un amparo de acceso a la información pública?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el amparo porque la documentación acompañada no permitía establecer la admisibilidad de la presentación y la parte interesada no subsanó las omisiones dentro del plazo fijado.
¿Qué facultad tiene el Consejo para la Transparencia para pedir que se subsane un amparo?
En este caso, el Consejo ejerció la facultad prevista en el artículo 46 de su Reglamento y ordenó subsanar las omisiones en un plazo de cinco días hábiles, advirtiendo que de no hacerlo se declararía inadmisible.
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