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El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo deducido contra una muni…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo deducido contra una municipalidad, debido a que lo solicitado no correspondía a una solicitud de acceso a información pública, sino a requerir una investigación sumaria y plantear reclamos, materia propia del derecho de petición. El Consejo señaló que el recurrente podrá formular una nueva solicitud de acceso a la información por los canales legales, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un acto, documento o antecedente en poder del órgano, y eventualmente interponer un nuevo amparo si se cumplen los plazos y condiciones establecidos en la Ley de Transparencia.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
  • Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros

Preguntas frecuentes

¿Un reclamo o una petición de investigación sumaria a un municipio puede tramitarse como solicitud de acceso a la información pública?

En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque lo pedido correspondía a una investigación sumaria y a reclamos, que son materia del derecho de petición y no del acceso a la información pública. Por eso, la persona podrá presentar una nueva solicitud de acceso que requiera un acto, documento o antecedente concreto en poder del órgano.

¿Qué hacer si un municipio no responde adecuadamente a una solicitud de acceso a información pública?

En este caso, el Consejo para la Transparencia señaló que, si se cumplen los plazos y condiciones de la Ley de Transparencia, el recurrente puede presentar un nuevo amparo tras formular una solicitud de acceso clara y precisa. La declaración de inadmisibilidad no impidió volver a utilizar esa vía.

¿Cómo debe formularse una solicitud de acceso a la información pública para que sea admisible ante un órgano de la administración?

En este caso, el Consejo indicó que la solicitud debe requerir en forma clara y precisa la entrega de un acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano. Las demandas de investigación o de reclamo no cumplen ese requisito y deben canalizarse por el derecho de petición.

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