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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra la Municipalidad de A…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra la Municipalidad de Arica y ordenó la entrega de copia del anteproyecto de plan regulador comunal solicitado. El Consejo estimó que se trataba de información de naturaleza pública y desestimó la afectación del privilegio deliberativo invocado por el órgano reclamado. Conforme al principio de divisibilidad, el órgano deberá tarjar previamente los datos personales de contexto que pudieran contenerse en el antecedente. Se le impuso un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, bajo apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y acreditar la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, sin perjuicio de las limitaciones que la ley establece para los órganos administrativos.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros

Preguntas frecuentes

¿Puede un municipio negarse a entregar un anteproyecto de plan regulador invocando el privilegio deliberativo?

En este caso, el Consejo para la Transparencia desestimó que el privilegio deliberativo afectara la entrega y acogió el amparo, ordenando a la Municipalidad de Arica entregar copia del anteproyecto de plan regulador comunal solicitado, por tratarse de información de naturaleza pública.

¿Qué debe hacer un órgano público con los datos personales contenidos en un documento que debe entregar por transparencia?

Según este fallo, el Consejo ordenó aplicar el principio de divisibilidad, por lo que la municipalidad debe tarjar previamente los datos personales de contexto que pudieran contenerse en el antecedente antes de entregarlo.

¿Qué plazo tiene un órgano para cumplir una orden de entrega de información del Consejo para la Transparencia y qué pasa si no cumple?

En este caso, el Consejo le impuso a la Municipalidad de Arica un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para entregar la información y acreditar su cumplimiento, bajo apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia.

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