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El Tribunal de Contratación Pública conoció la demanda de una empresa que fue excluida…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2009

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció la demanda de una empresa que fue excluida de una licitación de servicios de mediación familiar en la Región de Valparaíso. La entidad licitante, a través de su comisión evaluadora, excluyó a la oferente porque no presentó un certificado del Conservador de Bienes Raíces para acreditar la vigencia de la personería de su representante legal, exigencia contenida en las bases. El tribunal acogió la demanda y declaró que esa exclusión fue ilegal, pues las bases contradecían la Ley N° 19.886 de compras públicas al imponer un certificado de un funcionario distinto del que legalmente corresponde para acreditar la personería, y la demandante había cumplido oportunamente el requisito. En consecuencia, el acto administrativo impugnado vulneró los artículos 9° y 10° de dicha ley.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Es legal que las bases de una licitación exijan un certificado del Conservador de Bienes Raíces para acreditar la personería del representante legal?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró que esa exigencia era ilegal, pues las bases contradecían la Ley N° 19.886 al imponer un certificado de un funcionario distinto del que legalmente corresponde para acreditar la personería.

¿Qué pasa si una empresa es excluida de una licitación por no presentar un documento que las bases exigen pero que la ley no requiere?

En este caso, el tribunal acogió la demanda y declaró que la exclusión fue ilegal, porque las bases contradecían la Ley N° 19.886 y la demandante había cumplido oportunamente el requisito legal de acreditar la personería.

¿Puede el Tribunal de Contratación Pública anular la exclusión de una oferta en una licitación pública?

En este caso, el tribunal acogió la demanda y declaró que el acto administrativo que excluyó a la oferente vulneró los artículos 9° y 10° de la Ley N° 19.886, por lo que la exclusión fue ilegal.

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