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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado contra la Municipalidad de Caldera, por no responder una solicitud dentro del plazo legal previsto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. La decisión ordena entregar los oficios municipales requeridos y, respecto de una carta de vecinos, entregarla previa tarja de los datos personales que contiene, pues incluye nombres, domicilios, identificadores y firmas de particulares. Se fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, bajo apercibimiento del artículo 46 de la ley, y se exigió informar el cumplimiento al Consejo. Además, se representó a la alcaldesa la infracción al artículo 14, para que adopte medidas que eviten su reiteración. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un municipio no responde una solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal en Chile?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Municipalidad de Caldera por no responder dentro del plazo del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Ordenó entregar los oficios requeridos y representó la infracción a la alcaldesa para que adopte medidas que eviten su reiteración.

¿Se puede entregar una carta con datos personales de vecinos si se pide por transparencia?

En este caso, el Consejo ordenó entregar una carta de vecinos solo previa tarja de los datos personales que contiene, como nombres, domicilios, identificadores y firmas. La decisión protege la información personal de particulares mientras se cumple el derecho de acceso.

¿Cuál es el plazo para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia y qué recurso procede contra ella?

En este caso, se fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento del artículo 46 de la ley, con obligación de informar el cumplimiento. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

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