La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad laboral interpuesto p…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad laboral interpuesto por la empleadora contra la sentencia que declaró injustificado el despido de una trabajadora. La Corte confirmó que el cargo de jefa de contabilidad no es de exclusiva confianza, por no implicar administración de bienes ni amplias facultades de representación, por lo que el despido carece de justificación legal. En consecuencia, corresponde el recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicios. La disidencia sostuvo que, al tratarse de un despido por necesidades de la empresa, la declaración de injustificado solo genera el incremento del 30%, sin configurarse el error de derecho alegado.
Normas citadas
Código del Trabajo
Ley N° 19.728
Artículo 161 del Código del Trabajo
Artículo 13 de la Ley N° 19.728
Artículo 477 del Código del Trabajo
Artículo 168 del Código del Trabajo
Código Civil
Artículo 478 del Código del Trabajo
exclusiva confianzadespido injustificadonecesidades de la empresarecurso de nulidadcausal artículo 478 letra c) Código del Trabajocalificación jurídica de los hechosrecargo del 30%seguro de cesantía
Preguntas frecuentes
¿El cargo de jefa de contabilidad es de exclusiva confianza para efectos del despido en Chile?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que el cargo de jefa de contabilidad no es de exclusiva confianza, porque no implicaba administrar bienes ni amplias facultades de representación.
¿Qué consecuencias tiene que un despido sea declarado injustificado y no se acredite causal legal?
En este caso, al declararse injustificado el despido, la Corte confirmó que corresponde el recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicios.
¿Un despido por necesidades de la empresa declarado injustificado da derecho a algo más que el recargo del 30%?
En este caso, la disidencia sostuvo que la declaración de injustificado solo genera el incremento del 30%, sin configurarse el error de derecho alegado por la empleadora.
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