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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información y ordenó a…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información y ordenó a la Dirección Regional de Vialidad de la Región Metropolitana entregar los documentos de una propuesta económica presentada en una licitación pública para la construcción de puentes, previo tarjado de los datos personales que contenga, tales como número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular. La controversia surgió por la oposición de la empresa oferente, quien alegó la protección de sus derechos comerciales. El Consejo fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir y acreditar la entrega, bajo apercibimiento legal. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Se puede acceder a la propuesta económica presentada por una empresa en una licitación pública si la empresa se opone alegando derechos comerciales?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó entregar los documentos de la propuesta económica, rechazando la oposición de la empresa oferente que alegaba la protección de sus derechos comerciales, previo tarjado de los datos personales que contenga.

¿Qué datos personales deben tarjarse antes de entregar la oferta de una licitación pública por transparencia?

En este caso, el Consejo ordenó tarjar los datos personales contenidos en la propuesta, tales como cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, antes de la entrega.

¿Cuál es el plazo para cumplir una resolución del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información y contra qué se puede reclamar?

En este caso, el Consejo fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir y acreditar la entrega, bajo apercibimiento legal. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

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