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Un requirente deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el…

Informe · 2026

Resumen

Un requirente deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales, norma que le fue aplicada al rechazarse su solicitud de prestar juramento para obtener el título de abogado por no cumplir el requisito de buena conducta. El requirente alega que dicha norma vulnera los artículos 19 N° 2, 3, 16 y 24 de la Constitución, relativos a igualdad ante la ley, debido proceso y acceso a las profesiones. La gestión pendiente corresponde a un recurso de protección declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya apelación se encuentra ante la Corte Suprema. El requirente solicita la suspensión del procedimiento de dicha gestión para evitar que su resolución prive de eficacia a la acción de inaplicabilidad, además de autorizar notificaciones por correo electrónico y designar abogado patrocinante.

Normas citadas

  • Artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República
  • Ley 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales
  • Artículos 19 N° 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política
  • Artículo 81 del DFL N° 5 del año 2010, Segpres
  • Artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes

¿Es constitucional exigir buena conducta para jurar como abogado y obtener el título en Chile?

En este caso, el Tribunal Constitucional conoce un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales, aplicado al rechazar la solicitud de juramento por no cumplir el requisito de buena conducta. El requirente sostiene que esa norma vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y el acceso a las profesiones.

¿Qué pasa con un recurso de protección declarado inadmisible mientras se tramita una acción de inaplicabilidad?

En este caso, el requirente pide suspender el procedimiento de la gestión pendiente, un recurso de protección declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago y apelado ante la Corte Suprema. La finalidad es evitar que la resolución de esa gestión prive de eficacia a la acción de inaplicabilidad.

¿Cómo se tramita un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, el requirente presentó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional y, junto con él, solicitó suspender la gestión pendiente, autorizar notificaciones por correo electrónico y designar abogado patrocinante. El resumen no informa la decisión del Tribunal sobre estas solicitudes.

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