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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la exoneración de responsabil…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la exoneración de responsabilidad civil de un funcionario, conforme al artículo 62 de la ley N° 10.336, por los daños sufridos por un vehículo fiscal tras un accidente de tránsito ocurrido en Santiago en 2010. El accidente fue causado por un camión particular que, al girar a la derecha con un radio insuficiente, colisionó con el móvil fiscal, que se había detenido ante una señal “Ceda el Paso”. El D.I.A. en el Tránsito identificó al conductor del camión como causa basal del siniestro. El daño fue valorado en $2.000.000 y la Dirección Nacional de Logística ordenó dar de baja el vehículo. El Contralor concluyó que, según la jurisprudencia administrativa, se acreditó que el daño no se debió a culpa o negligencia del funcionario, y en consecuencia lo exoneró de responsabilidad civil.

Normas citadas

  • ley 10336 art/62
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Un funcionario público queda exonerado de responsabilidad civil por daños a un vehículo fiscal si el accidente fue causado por un tercero?

En este caso, la Contraloría General de la República exoneró de responsabilidad civil a un funcionario por los daños a un vehículo fiscal, porque se acreditó que el accidente no se debió a culpa o negligencia suya, sino a un camión particular que giró con radio insuficiente y colisionó con el móvil fiscal detenido ante una señal “Ceda el Paso”.

¿Qué papel cumple el informe del D.I.A. en el Tránsito para determinar la responsabilidad en un accidente con vehículo fiscal?

En este caso, el D.I.A. en el Tránsito identificó al conductor del camión particular como causa basal del siniestro, antecedente que la Contraloría consideró para concluir que el daño no fue atribuible al funcionario.

¿Qué efecto administrativo tiene el daño irreparable de un vehículo fiscal tras un accidente de tránsito?

En este caso, el daño fue valorado en $2.000.000 y la Dirección Nacional de Logística ordenó dar de baja el vehículo, decisión que se consignó como antecedente del pronunciamiento sobre la exoneración de responsabilidad civil del funcionario.

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