Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un funcionario de Carabineros de Chile, quien pidió dejar sin efecto su eliminación de la institución y objetó el sumario en su contra. El órgano contralor señaló que la Administración tiene un plazo fatal de dos años para invalidar sus actos contrarios a derecho, plazo que es de caducidad y no se interrumpe ni suspende por reclamos, por lo que, de existir alguna irregularidad en la resolución que ordenó la baja, ya no sería posible dejarla sin efecto. Respecto a los vicios del sumario, indicó que ese procedimiento se regula en el decreto N° 118, de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional, y que no le corresponde intervenir durante su desarrollo, pues contempla instancias para garantizar el debido proceso. Precisó que la aplicación de sanciones expulsivas está sujeta a toma de razón, por lo que se pronunciará al examinar la juridicidad del documento de término del sumario, si se confirma la baja. Finalmente, sostuvo que la responsabilidad administrativa es independiente de la civil y penal, por lo que una absolución judicial no excluye la aplicación de una medida disciplinaria.