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La Contraloría General de la República devolvió nuevamente la resolución de la Direcció…

Dictamen · Contraloría General de la República · 1991

Resumen

La Contraloría General de la República devolvió nuevamente la resolución de la Dirección General de Aguas que aprobaba obras de aprovechamiento y concedía definitivamente un derecho de aprovechamiento de aguas de un estero a una sociedad agrícola y comercial. Ello, porque el concesionario, titular de una merced provisional, no cumplió dentro de plazo las condiciones impuestas al otorgársele el derecho, consistentes en la ejecución de las obras pertinentes, omisión sancionada con la caducidad conforme al artículo 270 de la Ley 9.909, aplicable a esa época. La derogación de dicha ley por el artículo 308 del actual Código de Aguas consagra la irretroactividad de la ley, por lo que no puede revivirse, bajo la nueva legislación, un derecho extinguido. La falta de atribución del Presidente de la República para declarar la caducidad no impide que la extinción haya producido efectos, dejando sin valor las tramitaciones posteriores.

Normas citadas

  • Codigo de aguas
  • Ley 9909
  • DFL 1122
ContraloríaCGRdictamenaguas

Preguntas frecuentes

¿Puede la DGA conceder definitivamente un derecho de aprovechamiento de aguas si el titular de la merced provisional no ejecutó las obras dentro del plazo?

No. En este caso, la Contraloría devolvió la resolución de la DGA porque el titular no cumplió dentro de plazo las obras impuestas, omisión que la Ley 9.909 sancionaba con caducidad.

¿Se puede revivir un derecho de aguas extinguido con la entrada en vigor del Código de Aguas?

No. La Contraloría sostuvo que la derogación de la Ley 9.909 por el Código de Aguas consagra la irretroactividad de la ley, por lo que no puede revivirse un derecho ya extinguido.

¿Afecta la falta de atribución del Presidente de la República para declarar la caducidad la validez de la extinción del derecho?

No. Según este dictamen, la falta de atribución presidencial para declarar la caducidad no impide que la extinción haya producido efectos, por lo que las tramitaciones posteriores quedan sin valor.

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