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La contribuyente dedujo reclamo tributario contra los giros de impuesto territorial de…

Sentencia · Tribunal Tributario y Aduanero · 2018

Resumen

La contribuyente dedujo reclamo tributario contra los giros de impuesto territorial de un inmueble, correspondientes a los periodos 2013/2, 2014/1 y 2014/2, invocando la prescripción de la acción de cobro. El Servicio de Impuestos Internos se allanó a la pretensión, reconociendo expresamente la prescripción. El Tribunal Tributario y Aduanero acogió el reclamo y dejó sin efecto los giros, al considerar que había transcurrido el plazo de tres años establecido en el artículo 200 del Código Tributario desde que debieron pagarse hasta la notificación de la resolución de cobro. No se condenó en costas por haber tenido la parte motivo plausible para litigar, y se ordenó al Director Regional disponer el cumplimiento administrativo de la sentencia.

Normas citadas

  • Art. 200 Código Tributario
  • Art. 136 Código Tributario
  • Art. 1° N.° 1 Ley 20.322
  • Art. 2 Código Tributario
  • Art. 21 Código Tributario
  • Art. 59 Código Tributario
  • Art. 63 Código Tributario
  • Art. 64 Código Tributario
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Preguntas frecuentes

¿Prescribe la acción de cobro del impuesto territorial en Chile si el Servicio no notifica la resolución de cobro dentro de tres años?

En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero acogió el reclamo al considerar que transcurrió el plazo de tres años del artículo 200 del Código Tributario entre la fecha en que debieron pagarse los giros y la notificación de la resolución de cobro, por lo que dejó sin efecto los giros.

¿Puede el Servicio de Impuestos Internos allanarse a un reclamo por prescripción de giros de impuesto territorial?

En este caso, el Servicio de Impuestos Internos se allanó a la pretensión y reconoció expresamente la prescripción de la acción de cobro, lo que el tribunal tuvo en cuenta para acoger el reclamo.

¿Se condena en costas al contribuyente que obtiene la anulación de giros por prescripción tributaria?

En este caso, el tribunal no condenó en costas a la parte reclamante, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar, y ordenó al Director Regional disponer el cumplimiento administrativo de la sentencia.

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