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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Vichuquén por la falta de entrega oportuna de información sobre la remuneración bruta y las funciones de dos funcionarios municipales. El órgano no respondió la solicitud dentro del plazo legal, por lo que la entrega fue considerada extemporánea. Además, el Consejo constató que la municipalidad no mantenía publicada de forma permanente en su sitio electrónico, en la sección de personal y remuneraciones, la información de ambos funcionarios, conforme al artículo 7° letra d) de la Ley de Transparencia. En consecuencia, representó la infracción al Alcalde y ordenó publicar la información en un plazo no superior a 10 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, indicando expresamente si los funcionarios ya no prestan servicios en el órgano. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva en 15 días corridos.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
  • Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un organismo público no responde una solicitud de transparencia dentro del plazo legal?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Municipalidad de Vichuquén porque la respuesta llegó fuera de plazo, por lo que la entrega fue considerada extemporánea.

¿Está obligado un municipio a mantener publicada en su sitio web la remuneración y funciones de sus funcionarios?

Sí. El Consejo constató que la municipalidad no mantenía permanentemente publicada, en la sección de personal y remuneraciones, la información de dos funcionarios, conforme al artículo 7° letra d) de la Ley de Transparencia.

¿Cuál es el plazo para cumplir una orden del Consejo para la Transparencia y cómo se puede impugnar su decisión?

El Consejo ordenó publicar la información en un plazo no superior a 10 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, en 15 días corridos.

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