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La Corte de Apelaciones rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por la Universidad de…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023

Resumen

La Corte de Apelaciones rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por la Universidad de Antofagasta contra el Consejo para la Transparencia, que había ordenado entregar información sobre estudiantes en práctica de carreras de salud, aplicando el principio de divisibilidad para tarjar datos personales. El tribunal estimó que la decisión del Consejo se ajusta a derecho, al no concurrir causales legales de reserva que justifiquen la negativa total de acceso, y que la información solicitada debe proporcionarse en los términos más amplios posibles, excluyendo solo aquello sujeto a excepciones legales. No se condenó en costas por estimar que la recurrente tuvo motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • Artículos 28, 29 y 30 de la Ley N°20.285
  • Artículo 12 de la Ley N°20.285
  • Artículo 11 letra e) de la Ley N°20.285 (Principio de Divisibilidad)
  • Artículos 24 y 28 de la Ley N°20.285
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Preguntas frecuentes

¿Procede negar totalmente el acceso a información pública que contiene datos personales de estudiantes?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Antofagasta estimó que no todos los datos están sujetos a reserva, por lo que no procedía una negativa total. Aplicó el principio de divisibilidad y confirmó que debe entregarse la información excluyendo solo los datos protegidos por excepciones legales.

¿Qué es el principio de divisibilidad en la Ley de Transparencia y cómo se aplica?

En este fallo, la Corte confirmó que el principio de divisibilidad permite entregar la información solicitada en los términos más amplios posibles, tarjando solo aquello sujeto a excepciones legales. El tribunal consideró que la decisión del Consejo para la Transparencia se ajustó a derecho al aplicarlo.

¿Puede una universidad reclamar de ilegalidad contra una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?

En este caso, la Corte de Apelaciones conoció el reclamo de ilegalidad presentado por una universidad contra la orden del Consejo para la Transparencia de entregar información sobre estudiantes en práctica, y lo rechazó. No condenó en costas porque estimó que la universidad tuvo motivo plausible para litigar.

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