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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un particular contra l…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un particular contra la Municipalidad de Puente Alto, por la negativa a entregar antecedentes relativos al cerramiento con reja metálica de un pasaje y a los cierres perimetrales de determinadas salidas. El Consejo estimó que se trataba de información de naturaleza pública, que no se había acreditado su entrega y que no se invocaron causales de secreto o reserva. Ordenó entregar la información, tarjando los datos personales de contexto conforme a la Ley sobre Protección de la Vida Privada, en aplicación del principio de divisibilidad. Si la información no obra en poder del órgano, deberá comunicarlo al reclamante y al Consejo, fundando las razones. Se concedió un plazo de 10 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, bajo apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros

Preguntas frecuentes

¿Qué debe hacer un municipio si se le pide información sobre el cerramiento de un pasaje y no invoca causales de reserva?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra una municipalidad que negó información sobre el cerramiento de un pasaje, por estimar que era de naturaleza pública y que no se invocaron causales de secreto o reserva. Ordenó entregarla, tarjando los datos personales de contexto.

¿Puede un órgano público negar la entrega de información de carácter público sin acreditar una causal de secreto?

No, según este caso, el Consejo sostuvo que la negativa era improcedente porque no se acreditó la entrega ni se invocaron causales de secreto o reserva. Por ello ordenó entregar la información requerida.

¿Qué ocurre si el órgano público no tiene la información solicitada en su poder?

En este caso, el Consejo resolvió que el órgano debe comunicarlo al reclamante y al Consejo, fundando las razones de la falta de disponibilidad. Además, se otorgó un plazo de 10 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, bajo apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia.

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