Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario, que permite la delegación de facultades del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos a funcionarios dependientes para conocer y fallar reclamaciones y denuncias, argumentando que dicha delegación transgrede el artículo 5° de la Constitución, al ser la jurisdicción una atribución de la soberanía indelegable, el artículo 76, inciso segundo, de la Constitución, que establece el deber de inexcusabilidad de los tribunales, el artículo 6° de la Constitución que consagra el principio de supremacía constitucional y el artículo 7° de la Constitución, que establece los requisitos para la validez de los actos de los órganos del Estado. Se fundamenta en la naturaleza jurisdiccional de la facultad del Director Regional, la cual implica el ejercicio de la potestad de conocer y fallar reclamaciones tributarias, y se determina que dicha delegación constituye una transgresión al principio del juez natural, establecido en el artículo 19, numeral 3, inciso cuarto, el artículo 38, inciso segundo y el artículo 76, inciso primero, de la Constitución, que exige que toda persona sea juzgada por el tribunal que le señale la ley y por el juez que lo represente. La sentencia establece que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal, con los efectos previstos en el artículo 94, incisos tercero y cuarto, de la Carta Fundamental, requiere que el precepto legal sea de rango legal, que haya sido declarado previamente inaplicable, que el proceso de inconstitucionalidad se haya iniciado por acción pública o de oficio, y que se sustancie y dicte sentencia. La declaración de inconstitucionalidad se entiende derogada desde su publicación en el Diario Oficial, sin efecto retroactivo.