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La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por un…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por una estudiante de Derecho contra la Universidad Andrés Bello, que le impedía matricularse y tomar asignaturas de su último año por una deuda de aranceles. El tribunal consideró que la medida era desproporcionada y vulneraba garantías constitucionales, como la igualdad ante la ley y el derecho a la educación, al anteponer un aspecto económico a la dignidad de la persona. Se ordenó a la universidad permitir la matrícula y toma de ramos, sin perjuicio de que ejerza acciones judiciales para cobrar la deuda. El fallo tuvo un voto en contra que estimó que la universidad actuó dentro de su autonomía legal.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República, numerales 1°, 2°, 3° y 4°
  • Ley 21.091
  • DFL N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación
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Preguntas frecuentes

¿Puede una universidad impedir la matrícula de un estudiante por una deuda de aranceles en Chile?

En este caso, la Corte Suprema conoció un recurso de protección contra una universidad que impedía matricular a una estudiante por una deuda de aranceles. El tribunal sostuvo que esa medida era desproporcionada y vulneraba garantías constitucionales, como la igualdad ante la ley y el derecho a la educación.

¿La universidad puede negar la toma de ramos a un alumno que debe aranceles y qué puede hacer para cobrar la deuda?

En este caso, se ordenó a la universidad permitir la matrícula y la toma de ramos, dejando a salvo su derecho a ejercer acciones judiciales para cobrar la deuda. Hubo un voto en contra que estimó que la universidad actuó dentro de su autonomía legal.

¿Se puede recurrir de protección para reclamar contra una medida de una universidad que afecta el derecho a la educación?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por una estudiante contra la Universidad Andrés Bello, y la Corte Suprema conoció del asunto. El tribunal consideró que anteponer un aspecto económico a la dignidad de la persona afectaba el derecho a la educación.

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