Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección interpuesto por María Paz Lizama Osorio en contra de la Universidad Andrés Bello. La estudiante fue impedida de matricularse y tomar asignaturas en su último año de carrera de Derecho debido a una deuda pendiente de aranceles de 2023 y 2024 que ascendía a $6.759.314. La universidad condicionaba la toma de ramos al pago íntegro de la deuda o a una reprogramación que la recurrente consideraba inaccesible. La Corte estimó que la medida vulneraba garantías constitucionales y ordenó a la universidad permitir la matriculación y toma de asignaturas sin perjuicio de ejercer acciones judiciales para cobrar la deuda.