La Corte de Apelaciones acogió parcialmente un recurso constitucional presentado en fav…
Sentencia · Corte de Apelaciones
Resumen
La Corte de Apelaciones acogió parcialmente un recurso constitucional presentado en favor de imputados internados en centros psiquiátricos. Rechazó ordenar la adopción de políticas públicas destinadas a subsanar la falta de cupos en dichos centros, por estimar que aquello escapa de su esfera de competencia. No obstante, ordenó al órgano recurrido supervisar que no se infrinjan los derechos y garantías asegurados por la Constitución y las leyes, velando por condiciones dignas de privación de libertad, con tratamiento y asistencia psiquiátrica adecuada, especialmente en relación con las medidas de seguridad. La sentencia equilibra la limitación de sus atribuciones con la protección de los derechos fundamentales de los imputados.
Normas citadas
Constitución Política de la República
medidas cautelaresinternación provisionalderechos fundamentalescentros psiquiátricoscompetencia judicialprivación de libertadgarantías constitucionales
Preguntas frecuentes
¿Puede una Corte de Apelaciones ordenar al Estado crear más cupos en centros psiquiátricos para imputados?
En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó ordenar la adopción de políticas públicas para subsanar la falta de cupos, por estimar que ello escapa de su esfera de competencia.
¿Qué puede ordenar una Corte de Apelaciones en un recurso constitucional a favor de imputados internados en centros psiquiátricos?
En este caso, la Corte acogió parcialmente el recurso y ordenó al organismo recurrido supervisar que no se infrinjan los derechos y garantías constitucionales y legales. Debe velar por condiciones dignas de privación de libertad y por tratamiento y asistencia psiquiátrica adecuados, especialmente en las medidas de seguridad.
¿Cómo se equilibra la competencia de los tribunales con la protección de derechos fundamentales de imputados internados psiquiátricamente?
En este caso, la sentencia limitó sus atribuciones al no ordenar políticas públicas, pero protegió los derechos fundamentales de los imputados mediante una orden de supervisión sobre condiciones dignas y tratamiento adecuado.
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