Resumen del criterio jurisprudencial
La controversia jurídica radica en la validez de decretos que restringen la contratación pública de firmas legales basándose en su participación en litigios contra el Estado o en la implementación de programas internos de diversidad. Los tribunales de primera instancia han establecido que dichas medidas administrativas transgreden garantías fundamentales como el debido proceso y la libertad de expresión, lo que ahora obliga a la instancia de apelación a dirimir sobre los límites del poder ejecutivo frente al ejercicio profesional de la abogacía.