Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 779, de 2010, del Ministerio de Justicia, que aprueba un convenio mandato entre ese ministerio y Gendarmería de Chile para ejecutar un proyecto de inversión consistente en una consultoría de diseño. El organismo lo declaró ajustado a derecho, pero con alcance: la referencia al "contratista" en el párrafo segundo de la cláusula décima debe entenderse hecha al "consultor", dada la naturaleza del proyecto. Además, recordó que, conforme al artículo 61 de la ley N° 20.407, la licitación pública es obligatoria cuando el monto de proyectos, programas o estudios básicos supera los límites en unidades tributarias mensuales fijados por esa norma, situación que, según el dictamen, se configuraba en este caso.