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La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por propietarios de un pred…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por propietarios de un predio agrícola en la región del Bío-Bío contra ocupantes ilegales. Los recurrentes denunciaron el ingreso no autorizado a su propiedad, amenazas y tala de árboles que impedían sus actividades forestales. La Corte constató que estos hechos constituían actos arbitrarios e ilegales de ejecución permanente, vulnerando las garantías constitucionales de propiedad, seguridad personal y derecho a desarrollar actividades económicas. En consecuencia, ordenó el desalojo de los ocupantes, quienes deberán abandonar el inmueble en un plazo de seis meses, retirando sus enseres y construcciones. Transcurrido dicho plazo, se dispondrá el desalojo inmediato con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición, debiendo Carabineros de Chile ejecutar la sentencia dentro de los treinta días siguientes. La autoridad adoptará medidas de protección para grupos vulnerables entre los ocupantes.

Normas citadas

  • Artículo 19, numerales 1, 2, 3, 21 y 24 de la Constitución Política de la República
  • Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, artículo 1º
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Preguntas frecuentes

¿Procede un recurso de protección contra ocupantes ilegales que impiden las actividades de un predio agrícola?

En este caso, la Corte Suprema acogió el recurso de protección y constató que el ingreso no autorizado, las amenazas y la tala de árboles eran actos arbitrarios e ilegales de ejecución permanente. Estimó vulnerados el derecho de propiedad, la seguridad personal y el derecho a desarrollar actividades económicas.

¿Qué plazo y qué medidas ordena la Corte Suprema para desalojar a ocupantes ilegales de un inmueble?

La Corte ordenó que los ocupantes abandonen el inmueble en un plazo de seis meses, retirando sus enseres y construcciones. Vencido ese plazo, se dispone el desalojo inmediato con auxilio de la fuerza pública si hay oposición, y Carabineros debe ejecutarlo dentro de los treinta días siguientes.

¿Qué deben hacer las autoridades en un desalojo de ocupantes cuando hay personas en situación de vulnerabilidad?

En este caso, la Corte dispuso que la autoridad adopte medidas de protección para los grupos vulnerables entre los ocupantes. Con ello, el desalojo ordenado no se ejecuta sin considerar a esas personas.

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