Resumen del criterio jurisprudencial
Daniel Omar Ardiles Torres interpuso un recurso de protección contra la Tesorería Regional de Coquimbo por la emisión, notificación y ejecución de resoluciones y actuaciones administrativas de cobro de una deuda derivada del financiamiento de sus estudios superiores bajo la Ley N°20.027. La Corte de Apelaciones acogió el recurso, pero la Tesorería apeló. La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección. El tribunal consideró que la acción de protección es de naturaleza cautelar y no constituye una instancia para declarar derechos que requieran debate propio de un procedimiento de lato conocimiento. En este caso, la discusión buscaba definir la naturaleza jurídica del crédito y determinar el tribunal competente y el procedimiento aplicable, cuestiones que exceden el ámbito de la acción constitucional. Por lo tanto, se revocó la resolución de la Corte de Apelaciones y se rechazó el recurso.