Resumen
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados consultó a la Contraloría General de la República sobre el alcance de determinadas actuaciones administrativas en contratos de obra pública. El dictamen explica que, tras la recepción provisional de las obras, existe un período de garantía (un año para obras del Registro de Obras Mayores y seis meses para las del Registro de Obras Menores, salvo que las bases dispongan otro plazo), durante el cual el contratista responde por los defectos, salvo los derivados de uso inadecuado o errores de diseño no imputables a él. Luego viene la recepción definitiva, y si se constatan defectos imputables, el contratista debe repararlos a su costa. Con ello, la Contraloría concluye que, conforme a las Bases Administrativas Generales de Gendarmería de Chile, la recepción provisoria no libera al contratista de responder por defectos posteriores, y que ambas recepciones forman parte de un solo proceso destinado a verificar la adecuada ejecución y funcionalidad de la obra.