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El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación presentada por una…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2017

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación presentada por una empresa constructora contra la declaración de inadmisibilidad de su oferta en una licitación municipal de pavimentación. La Comisión Evaluadora había declarado inadmisible la oferta porque existían inconsistencias entre los valores totales de su oferta económica y su presupuesto de ejecución de obras, además de errores aritméticos en el cálculo de los precios totales de las partidas, lo que afectaba la validez de la oferta. El tribunal concluyó que dichas inconsistencias eran insubsanables conforme a la Ley 19.886 y su reglamento, y que la actuación de la Comisión Evaluadora se ajustó a los principios y disposiciones que regulan los procedimientos de licitación pública, por lo que no merecía la calificación de ilegal ni arbitraria. En consecuencia, se rechazó la demanda, con costas a cargo de cada parte.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Se puede impugnar la inadmisibilidad de una oferta por errores aritméticos en una licitación pública?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública rechazó la impugnación porque las inconsistencias entre los valores totales y el presupuesto, junto con errores aritméticos en las partidas, eran insubsanables conforme a la Ley 19.886 y su reglamento.

¿Son subsanables las inconsistencias en la oferta económica de una licitación?

En este caso, el tribunal concluyó que las inconsistencias entre los valores totales de la oferta económica y el presupuesto de ejecución, así como los errores aritméticos, eran insubsanables según la Ley 19.886 y su reglamento.

¿Es ilegal o arbitraria la actuación de la Comisión Evaluadora al declarar inadmisible una oferta?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública sostuvo que la actuación de la Comisión Evaluadora se ajustó a los principios y disposiciones de la licitación pública, por lo que no merecía la calificación de ilegal ni arbitraria.

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