El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por acceso a información solicitada…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2013
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por acceso a información solicitada al Ministerio de Educación sobre datos desagregados de educación superior entre 1984 y 1996. La parte reclamante pidió antecedentes sobre alumnos matriculados que generaron aporte fiscal indirecto y sobre alumnos beneficiados con becas, y el órgano alegó no contar con la información en el nivel de detalle solicitado. El Consejo acogió parcialmente el amparo y ordenó al Subsecretario de Educación entregar la información sobre los alumnos matriculados anualmente entre 1984 y 1996 que generaron aporte fiscal indirecto a favor de las instituciones de educación superior, y la relativa a los alumnos beneficiados con becas entre 1990 y 1996, en el formato en que la posea actualmente. Fijó un plazo de diez días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y ordenó informar su cumplimiento. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoEducación
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si el organismo público dice que no tiene la información en el detalle solicitado?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo y ordenó entregar la información en el formato en que la posea actualmente, sin exigir un nivel de detalle que el órgano no tuviera.
¿Se puede pedir información histórica a un ministerio por la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia ordenó al Subsecretario de Educación entregar datos desagregados de educación superior de períodos antiguos, como alumnos matriculados que generaron aporte fiscal indirecto y beneficiados con becas.
¿Qué plazo tiene el organismo para entregar la información tras una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo fijó un plazo de diez días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y ordenó informar su cumplimiento.
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