La Contraloría General de la República se pronunció sobre las facultades de los alcalde…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2020
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre las facultades de los alcaldes durante la emergencia sanitaria por COVID-19, señalando que, como jefes superiores de los servicios municipales, pueden adoptar medidas extraordinarias de gestión interna para asegurar la continuidad de los servicios públicos críticos y resguardar la salud de las personas. Entre estas medidas se incluyen disponer el trabajo remoto cuando las labores lo permitan, determinar qué unidades o servidores deben realizar funciones presenciales indispensables, o establecer la no asistencia del personal cuyas tareas no sean compatibles con el trabajo a distancia ni esenciales. Se concluye que corresponde a cada alcalde ponderar las circunstancias particulares de su comuna y resolver las medidas necesarias, incluso respecto de prestadores de servicios a honorarios, en miras de una gestión eficiente y continua.
Normas citadas
ley 18695 art/56
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede un alcalde disponer trabajo remoto para los funcionarios municipales durante una emergencia sanitaria?
En este caso, la Contraloría General de la República señaló que, como jefe superior del servicio, el alcalde puede disponer el trabajo remoto cuando las labores lo permitan, para resguardar la salud del personal y la continuidad de los servicios.
¿Qué facultades tiene un alcalde para definir el personal que debe asistir presencialmente en la municipalidad en contexto de pandemia?
En este caso, la Contraloría sostuvo que el alcalde puede determinar qué unidades o servidores deben realizar funciones presenciales indispensables y disponer la no asistencia de quienes no tengan tareas esenciales ni compatibles con el trabajo a distancia.
¿Puede el alcalde aplicar estas medidas también a prestadores de servicios a honorarios durante la emergencia sanitaria?
En este caso, la Contraloría concluyó que corresponde a cada alcalde ponderar las circunstancias de su comuna y resolver las medidas necesarias, incluso respecto de prestadores a honorarios, para asegurar una gestión eficiente y continua.
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