El Consejo para la Transparencia rechazó por improcedente un amparo de acceso a la info…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2013
Resumen
El Consejo para la Transparencia rechazó por improcedente un amparo de acceso a la información presentado contra el Instituto de Previsión Social, referido a una solicitud sobre documentos del Bono Bodas de Oro. El Consejo concluyó que quien compareció en representación del reclamante no acreditó dicha calidad en los términos exigidos por el artículo 22 de la Ley N° 19.880, esto es, mediante escritura pública o documento privado suscrito ante notario, requisito necesario para presentarse ante la Corporación como representante. Por esa razón, el amparo fue declarado improcedente y rechazado por la unanimidad de los miembros presentes del Consejo Directivo. La decisión fue notificada al reclamante y al Director Nacional del Instituto de Previsión Social, y se indicó que en su contra procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de los quince días corridos siguientes a la notificación, conforme a la Ley de Transparencia.
amparoDecisión de FondoGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿Qué se exige para acreditar la representación en un amparo ante el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que la representación del reclamante debe acreditarse en los términos del artículo 22 de la Ley N° 19.880, mediante escritura pública o documento privado suscrito ante notario.
¿Qué ocurre si no se acredita la representación en un amparo de acceso a la información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró improcedente y rechazó por unanimidad el amparo, porque quien compareció en representación del reclamante no acreditó dicha calidad en los términos exigidos por el artículo 22 de la Ley N° 19.880.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?
En este caso, el Consejo indicó que en contra de su decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de los quince días corridos siguientes a la notificación, conforme a la Ley de Transparencia.
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