Resumen del criterio jurisprudencial
Estableció que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) tiene el deber jurídico de supervisar la legalidad administrativa de los procesos de repatriación. La decisión recalca que la responsabilidad por la protección de garantías fundamentales no recae únicamente en los países miembros, sino que se extiende a la agencia encargada de coordinar los traslados internacionales, obligándola a constatar la existencia de resoluciones previas antes de proceder a cualquier expulsión de personas.