Un sargento segundo en retiro del Ejército interpuso un recurso de protección contra el…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2022
Resumen
Un sargento segundo en retiro del Ejército interpuso un recurso de protección contra el Ejército de Chile, alegando vicios en el procedimiento administrativo que decretó su retiro por enfermedad incompatible, específicamente por falta de notificación personal y debido emplazamiento, lo que habría vulnerado sus garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad. La Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el recurso, sin costas, al considerar que el procedimiento se ajustó a la ley, cumpliéndose los requisitos legales de notificación mediante acta firmada por autoridades competentes. El tribunal concluyó que el actuar de la recurrida se enmarcó en sus competencias legales, conforme a la Ley 18.948 y el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, descartando ilegalidad o arbitrariedad.
Normas citadas
Artículo 19 N°2 Constitución Política de la República (igualdad ante la ley)
Artículo 19 N°24 Constitución Política de la República (derecho de propiedad)
Artículo 20 Constitución Política de la República
recurso de protecciónprocedimiento administrativoretiro de funcionario militarnotificacióngarantías constitucionalesenfermedad incompatibleEjército de Chile
Preguntas frecuentes
¿Es nulo el retiro por enfermedad incompatible de un militar si no se le notificó personalmente ni se le dio debido emplazamiento?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el recurso de protección, al considerar que el procedimiento se ajustó a la ley y que la notificación se realizó mediante acta firmada por autoridades competentes. Descartó ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del Ejército.
¿Puede un sargento en retiro reclamar por recurso de protección vicios en el procedimiento administrativo de su retiro?
En este caso, el tribunal analizó el recurso interpuesto por un sargento segundo en retiro contra el Ejército, alegando vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad. Lo rechazó tras concluir que el actuar de la institución se enmarcó en sus competencias legales.
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