Resumen del criterio jurisprudencial
José Gregorio Peña Ovalles, de nacionalidad venezolana, interpuso un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, el Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior por la demora en resolver su solicitud de carta de nacionalización, presentada el 23 de septiembre de 2022. El recurrente alegó que la omisión de pronunciamiento vulneraba sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y libertad de trabajo (artículo 19 numerales 2 y 16 de la Constitución). El Servicio Nacional de Migraciones informó que la solicitud estaba en tramitación, en etapa de 'Ratifica autoridad' desde septiembre de 2025, y que el recurrente contaba con permanencia definitiva vigente, sin perjuicio a su estatus migratorio. Los recurridos argumentaron que el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal y que la demora se debía a la alta carga de trabajo. La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso, considerando que no existía un acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnerara las garantías invocadas, y que acogerlo podría afectar el principio de igualdad ante la ley.