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La Contraloría General de la República representó la resolución del Comando de Ingenier…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República representó la resolución del Comando de Ingenieros del Ejército, que aprobaba bases administrativas especiales y anexos para la adquisición de un inmueble. El organismo concluyó que el acto no se ajusta a derecho. Constató que la compra se fundaba en el nombramiento de un Oficial General como Jefe de Estado Mayor Conjunto, cargo que depende del Ministro de Defensa Nacional y no del Ejército, por lo que no procedía invertir recursos de la ley N° 17.174 en esa vivienda. Además, objetó exigencias del anexo, como piscina y sistema de calefacción central, por no justificarse como indispensables frente a los principios de libre concurrencia y transparencia, y advirtió que el valor máximo a pagar excedía el certificado de disponibilidad de fondos. Señaló también un error formal en la cita de la ley N° 18.871, que correspondía a la ley N° 18.872.

Normas citadas

  • ley 20424 art/25
  • ley 20424 art/26
  • ley 17174
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un organismo de la Administración invertir recursos de la ley 17.174 en la compra de una vivienda para un funcionario que no pertenece a esa institución?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no procedía, porque el cargo del beneficiario dependía del Ministro de Defensa Nacional y no del Ejército, por lo que no correspondía invertir esos recursos en la vivienda.

¿Pueden las bases de una licitación pública exigir equipamiento de lujo, como piscina o calefacción central, en la compra de un inmueble?

En este caso, la Contraloría objetó esas exigencias del anexo porque no se justificaban como indispensables y podían afectar los principios de libre concurrencia y transparencia.

¿Qué ocurre si el monto máximo a pagar en una compra pública excede el certificado de disponibilidad presupuestaria?

En este caso, el organismo advirtió que el valor máximo a pagar superaba el certificado de disponibilidad de fondos, lo que se sumó a los fundamentos por los que concluyó que el acto no se ajusta a derecho.

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