Resumen
La medida fue formalizada mediante carta al alcaide del recinto y, según los internos, responde a una acumulación de decisiones administrativas —entre ellas el retiro de espacios y el ingreso de presos comunes— adoptadas pese a resoluciones judiciales vigentes. Afirman que la responsabilidad por cualquier deterioro en su salud recae en el Estado, encargado de resguardar su integridad bajo custodia.