La Contraloría General de la República se pronunció sobre las atribuciones de la Direcc…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2021
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre las atribuciones de la Dirección del Trabajo en el contexto de la emergencia sanitaria. Dictaminó que corresponde a la máxima autoridad de dicho organismo determinar la modalidad de trabajo de sus funcionarios, pero no puede impartir instrucciones que impliquen controlar el correcto uso de los permisos de desplazamiento. Esto, porque la fiscalización de dichos permisos corresponde a las autoridades que la ley faculta para ello, entre las que no se encuentra la Dirección del Trabajo. En consecuencia, cualquier orden que exija a los funcionarios requerir la exhibición de permisos de desplazamiento a los usuarios no se ajustaría a derecho.
Normas citadas
DTO 104/2020 minsp
CSA art/36
CSA art/57
CSA art/67
CSA art/94
DTO 4/2020 salud
ley 18961 art/1
ley 18415 art/7
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede la Dirección del Trabajo exigir a sus funcionarios que controlen los permisos de desplazamiento durante la emergencia sanitaria?
No. En este dictamen, la Contraloría sostuvo que la Dirección del Trabajo puede determinar la modalidad de trabajo de sus funcionarios, pero no puede impartir instrucciones que les exijan fiscalizar los permisos de desplazamiento, porque esa facultad corresponde a otras autoridades legalmente habilitadas.
¿Qué autoridades tienen facultad para fiscalizar los permisos de desplazamiento en el contexto de la emergencia sanitaria?
Según este dictamen, la fiscalización de los permisos de desplazamiento corresponde a las autoridades que la ley expresamente faculta para ello, entre las cuales no se encuentra la Dirección del Trabajo.
¿Es ajustada a derecho una orden que obligue a funcionarios de la Dirección del Trabajo a solicitar la exhibición de permisos de desplazamiento a los usuarios?
No. La Contraloría concluyó que una orden de ese tipo no se ajusta a derecho, ya que exigiría a los funcionarios una fiscalización que la ley no les asigna a la Dirección del Trabajo.
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