Resumen del criterio jurisprudencial
Carla Fernández Montero, abogada penalista dedicada al derecho penitenciario, representó a 134 internos adultos mayores de Punta Peuco —en su mayoría exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos— tras una serie de medidas adoptadas por Gendarmería que, según ella, atentan contra su dignidad, salud y libertad personal. Fernández argumenta que estas acciones, desde limitaciones a las visitas hasta el retiro de refrigeradores médicos, constituyen actos arbitrarios e ilegales.