Resumen
La resolución del Tribunal Constitucional en el caso -INA establece como Ratio Decidendi que las penas sustitutivas no operan automáticamente por el solo ejercicio de la ley, ya que su aplicación está sujeta al cumplimiento de requisitos específicos definidos por el legislador, quien tiene la facultad de fijar la política criminal dentro de los límites constitucionales. Asimismo, se reafirma que no existe un derecho subjetivo de los condenados a la aplicación de penas sustitutivas, ya que estas son una facultad discrecional del juez en el marco de las disposiciones legales. El legislador tiene la prerrogativa de determinar los delitos y las penas asociadas, incluyendo la exclusión de penas sustitutivas para ciertos ilícitos, siempre que se respeten los derechos fundamentales y la dignidad humana. En este sentido, la exclusión de penas sustitutivas para determinados delitos, como los relacionados con el control de armas, responde a finalidades constitucionalmente legítimas, como la protección de bienes jurídicos fundamentales y la eficacia del sistema penal. Como Obiter Dicta, se menciona que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece límites para la política criminal, pero no crea derechos a penas sustitutivas, y que la privación de libertad, aunque gravosa, puede ser necesaria para garantizar la seguridad y la protección de la sociedad. Además, se señala que la eliminación de penas sustitutivas para ciertos delitos no constituye un trato discriminatorio, ya que el legislador puede establecer tratamientos diferenciados en función de la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos. También se destaca que la proporcionalidad de las penas debe ser evaluada en función del marco normativo general y no de manera aislada, y que la exclusión de penas sustitutivas puede ser racional en la medida en que refuerza la aplicación efectiva de las penas previstas por la ley. Finalmente, se subraya que los principios de igualdad y proporcionalidad no se ven vulnerados en este caso, ya que la Constitución permite al legislador adoptar medidas específicas para delitos que afectan bienes jurídicos de alta relevancia social, como los relacionados con el control de armas.