La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de la Dirección…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2020
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de la Dirección General de Aguas (DGA) relativa a un derecho de aprovechamiento de aguas. El dictamen analiza el caso de una merced provisional otorgada en 1958, cuyas obras se ejecutaron desde 1960 y que ha sido ejercida de forma continua. Considerando el tiempo transcurrido (cerca de sesenta años), la construcción y operación de las obras, y la intervención previa de la autoridad, la Contraloría concluye que no resulta procedente la solicitud de antecedentes formulada por la DGA. En consecuencia, ordena a la DGA ajustar su actuación y adoptar las medidas necesarias para concluir a la brevedad el procedimiento de constitución definitiva del derecho de aprovechamiento.
Normas citadas
Ley N° 20.017
Código de Aguas
ContraloríaCGRdictamenaguas
Preguntas frecuentes
¿Puede la Dirección General de Aguas exigir nuevos antecedentes para constituir definitivamente una merced provisional de aguas que lleva décadas ejercida?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no procedía la solicitud de antecedentes formulada por la DGA, considerando el tiempo transcurrido, la construcción y operación continua de las obras y la intervención previa de la autoridad. Ordenó a la DGA concluir a la brevedad el procedimiento de constitución definitiva del derecho.
¿Qué debe hacer la DGA cuando una merced provisional de aguas ya ha sido ejercida de forma continua durante muchos años?
En este caso, la Contraloría ordenó a la DGA ajustar su actuación y adoptar las medidas necesarias para concluir cuanto antes el procedimiento de constitución definitiva del derecho de aprovechamiento. El dictamen se basó en que las obras se ejecutaron desde 1960 y el uso fue continuo.
¿Qué criterios consideró la Contraloría para resolver sobre la constitución de un derecho de aprovechamiento de aguas antiguo?
En este caso, la Contraloría consideró el largo tiempo transcurrido desde el otorgamiento provisional, la construcción y operación de las obras y la intervención previa de la autoridad. Estos elementos llevaron a concluir que no era procedente exigir nuevos antecedentes.
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