La Contraloría General de la República determinó que no corresponde que el Servicio de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República determinó que no corresponde que el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) pague mayores gastos generales y obras extraordinarias derivados de contratos de construcción de viviendas en Talagante, en el marco del programa Fondo Solidario de Vivienda. Se rechazó la reclamación de una empresa constructora, porque la intervención del SERVIU en dicho programa no es de naturaleza contractual, sino que se rige por un régimen de derecho público asociado al otorgamiento de subsidios, sin que el servicio actúe como mandante de los proyectos. Los recurrentes no acreditaron infracciones al ordenamiento aplicable, por lo que deberán ejercer las acciones que estimen pertinentes contra sus contrapartes contractuales.
Normas citadas
Resolución N° 6
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿El SERVIU debe pagar mayores gastos generales y obras extraordinarias en contratos de construcción de viviendas del Fondo Solidario de Vivienda?
En este caso, la Contraloría General de la República determinó que no corresponde que el SERVIU pague esos mayores gastos ni obras extraordinarias, porque su intervención en el programa no es contractual sino de derecho público asociado al otorgamiento de subsidios. Por eso rechazó la reclamación de la constructora.
¿Puede una constructora demandar al SERVIU por cobros adicionales en proyectos del Fondo Solidario de Vivienda?
En este caso, la Contraloría sostuvo que el SERVIU no actúa como mandante de los proyectos, por lo que no resultó procedente la reclamación de la empresa constructora. Según el dictamen, los recurrentes deberán ejercer las acciones que estimen pertinentes contra sus contrapartes contractuales.
¿Qué régimen jurídico rige la intervención del SERVIU en el Fondo Solidario de Vivienda?
En este caso, la Contraloría concluyó que la intervención del SERVIU en el programa se rige por un régimen de derecho público asociado al otorgamiento de subsidios, y no por una relación contractual. Los recurrentes tampoco acreditaron infracciones al ordenamiento aplicable.
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