El Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad sobre lo…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2011
Resumen
El Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad sobre los artículos 1° y 2° de un proyecto de ley relativo al plazo de renuncia a un partido político para presentar candidaturas independientes, remitido por el Senado tras su aprobación por el Congreso Nacional. En su sentencia, el Tribunal declaró que ambas disposiciones son constitucionales, por lo que ordenó remitir el certificado respectivo al Diario Oficial para su publicación junto con el proyecto de ley, y envió copia autorizada de la sentencia definitiva al Presidente de la Cámara de Diputados. La decisión se adoptó en el marco de la atribución del Tribunal de ejercer el control de constitucionalidad respecto de normas que regulan materias propias de ley orgánica constitucional, conforme al artículo 93, inciso primero, N° 1, de la Constitución.
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Preguntas frecuentes
¿Qué control ejerce el Tribunal Constitucional sobre un proyecto de ley sobre partidos políticos antes de su promulgación?
En este caso, el Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad sobre los artículos 1° y 2° de un proyecto de ley relativo al plazo de renuncia a un partido político para presentar candidaturas independientes, remitido por el Senado.
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar constitucionales normas de un proyecto de ley que regulan materias de ley orgánica constitucional?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que ambas disposiciones del proyecto de ley son constitucionales, en el marco de su atribución de ejercer el control de constitucionalidad respecto de normas que regulan materias propias de ley orgánica constitucional.
¿Qué trámite sigue el Tribunal Constitucional después de declarar constitucional un proyecto de ley?
En este caso, el Tribunal ordenó remitir el certificado respectivo al Diario Oficial para su publicación junto con el proyecto de ley, y envió copia autorizada de la sentencia definitiva al Presidente de la Cámara de Diputados.
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