El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por denegación de acceso a la propu…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2013
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por denegación de acceso a la propuesta técnica y económica presentada por una empresa en una licitación pública de demolición convocada por la Dirección de Arquitectura del MOP. El órgano denegó la entrega invocando la oposición del tercero interesado y la existencia de datos sensibles. Sin embargo, el Consejo concluyó que la información es pública conforme a las propias bases que rigieron la licitación, por lo que ordenó al órgano entregar copia de ambas propuestas en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia. Además, representó al Director Nacional de Arquitectura haber dado traslado al tercero, al no existir derechos comprometidos que pudieran verse afectados con la divulgación. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo y se notificó a las partes, quedando expedita la vía del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoObras Públicas (Vialidad)
Preguntas frecuentes
¿Es pública la propuesta técnica y económica presentada por un tercero en una licitación pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que la información es pública conforme a las propias bases que rigieron la licitación, y ordenó al órgano entregar copia de ambas propuestas.
¿Puede un órgano público negar la entrega de información invocando la oposición del tercero interesado?
En este caso, el Consejo representó al Director Nacional de Arquitectura haber dado traslado al tercero, al no existir derechos comprometidos que pudieran verse afectados con la divulgación.
¿Qué plazo tiene el órgano para entregar la información tras una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó al órgano entregar copia de ambas propuestas en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia.
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