Resumen del criterio jurisprudencial
El recurrente, Henry David Monterrey Terán, dedujo recurso de protección en contra de AFP Habitat S.A. por rechazar su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros, alegando cumplir con los requisitos de la Ley N°18.156. Acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero la AFP exigió que el documento estuviera debidamente legalizado o apostillado, conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada, señalando que la recurrida no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad, pues el actor no cumplió con los requisitos legales. Se desestimó el recurso, considerando que la exigencia de apostilla o legalización es razonable y no imposible de cumplir, incluso con las dificultades consulares con Venezuela.