Resumen del criterio jurisprudencial
La recurrente dedujo recurso de protección contra el Ministerio del Interior por rechazar su solicitud de carta de nacionalización. La autoridad fundó el rechazo en antecedentes penales negativos, invocando los artículos 7 y 8 del Decreto Supremo N°5.142. La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada, considerando que la nacionalización es una gracia concedida por el Presidente de la República. Señaló que la autoridad actuó dentro de sus facultades y emitió un acto administrativo motivado. Concluyó que el actuar no fue ilegal ni arbitrario, por lo que no se vulneraron garantías constitucionales. La decisión se basó en las normas aplicables sobre nacionalización y antecedentes penales.