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El Consejo para la Transparencia resolvió un reclamo por infracción a las normas de tra…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado por un particular contra la Empresa Portuaria de San Antonio. El Consejo acogió parcialmente el reclamo, declarando una infracción en un punto que, sin embargo, se tuvo por subsanada. Respecto de las demás materias reclamadas, como el marco normativo, la estructura orgánica, funciones y competencias, estados financieros y memorias, composición de los directorios, información consolidada del personal y remuneraciones de directores y del personal, la reclamación fue rechazada por ausencia de infracción, pues la fiscalización no detectó incumplimientos a las normas aplicables. La decisión fue adoptada por unanimidad y procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 19.880
  • D.S. N° 13
  • D.F.L. N° 1
  • Resolución Exenta N° 500
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
reclamoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si una empresa pública no cumple con sus obligaciones de transparencia activa en Chile?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un reclamo contra la Empresa Portuaria de San Antonio y declaró una infracción en un punto que, sin embargo, se tuvo por subsanado. Las demás materias fueron rechazadas por no detectarse incumplimientos en la fiscalización.

¿Contra qué resolución del Consejo para la Transparencia procede reclamar y ante qué tribunal?

En este caso, el Consejo resolvió por unanimidad que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente. El resumen no detalla los plazos ni otros requisitos para interponerlo.

¿Qué información de transparencia activa debe publicar una empresa portuaria estatal y puede ser fiscalizada?

En este caso, el Consejo examinó materias como el marco normativo, la estructura orgánica, los estados financieros, la composición de los directorios y las remuneraciones de directores y personal, y las rechazó por ausencia de infracción. Así, la fiscalización no detectó incumplimientos en esos puntos.

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