El 17º Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente una demanda de indemnización de pe…
Sentencia · Juzgado de Letras · 2024
Resumen
El 17º Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente una demanda de indemnización de perjuicios presentada por un trabajador contra el Fisco de Chile, por detención ilegal, torturas y tratos crueles sufridos durante la dictadura militar. El demandante fue secuestrado por la DINA en enero de 1975, trasladado a recintos militares y torturado con electricidad, permaneciendo detenido hasta septiembre de ese año. El tribunal rechazó las excepciones de reparación del daño y prescripción, considerando que los hechos constituyen violaciones graves de derechos humanos según tratados internacionales, y que la prescripción no es aplicable en estos casos. Se condenó al Fisco al pago de $20.000.000 por daño moral, con reajustes e intereses desde que la sentencia quede firme, y cada parte pagará sus costas.
Normas citadas
Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes
Artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos
Ley 12.927 sobre seguridad interior del estado
Artículo 162 del Código de Procedimiento Civil
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Preguntas frecuentes
¿Es imprescriptible la acción de indemnización de perjuicios contra el Estado por torturas y detención ilegal durante la dictadura militar en Chile?
En este caso, el tribunal rechazó la excepción de prescripción, considerando que los hechos constituyen violaciones graves de derechos humanos según tratados internacionales y que la prescripción no es aplicable a ellos.
¿Puede el Fisco de Chile ser condenado a indemnizar el daño moral causado a una víctima de tortura y secuestro por agentes del Estado?
En este caso, el tribunal acogió parcialmente la demanda y condenó al Fisco al pago de una suma por daño moral, con reajustes e intereses desde que la sentencia quede firme.
¿Procede rechazar la excepción de reparación del daño cuando se demanda al Estado por violaciones de derechos humanos?
En este caso, el tribunal rechazó la excepción de reparación del daño, sosteniendo que los hechos son violaciones graves de derechos humanos según tratados internacionales ratificados por Chile.
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