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La Superintendencia del Medio Ambiente resolvió un procedimiento sancionatorio por ruid…

Resolución · Superintendencia del Medio Ambiente · 2025

Resumen

La Superintendencia del Medio Ambiente resolvió un procedimiento sancionatorio por ruidos molestos generados por la maquinaria de una panadería en la comuna de Licantén, Región del Maule, aplicando las normas del D.S. N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente. En la parte resolutiva, el organismo dispuso que la multa devengará los reajustes e intereses del artículo 53 del Código Tributario y que, si el infractor es una persona jurídica, quienes la representen legalmente o actúen en su nombre responderán subsidiariamente por su pago. Asimismo, fijó en tres años el plazo de prescripción de la sanción desde que la resolución quede a firme, interrumpido por la notificación del procedimiento de ejecución o por la formulación de cargos por incumplimiento. Ordenó, además, anotar la sanción en el Registro Público de Sanciones de la Superintendencia una vez que el acto quede a firme, conforme a la LOSMA y al reglamento del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental.

Normas citadas

  • Ley N° 19.799
  • Decreto Supremo N° 38
  • Ley N° 19.300
  • Resolución Exenta N° 146
  • Ley N° 20.417
  • Ley N° 19.880
  • Decreto Supremo N° 70
  • Decreto Supremo N° 146

Preguntas frecuentes

¿La multa ambiental devenga reajustes e intereses si no se paga oportunamente?

En este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente dispuso que la multa devengará los reajustes e intereses del artículo 53 del Código Tributario.

¿Quiénes responden subsidiariamente por el pago de una multa ambiental impuesta a una persona jurídica?

En este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente estableció que, si el infractor es una persona jurídica, quienes la representen legalmente o actúen en su nombre responderán subsidiariamente por el pago de la multa.

¿Cuál es el plazo de prescripción de una sanción ambiental y cuándo se interrumpe?

En este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente fijó en tres años el plazo de prescripción de la sanción desde que la resolución quede a firme, interrumpido por la notificación del procedimiento de ejecución o por la formulación de cargos por incumplimiento.

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