Resumen
La resolución del Tribunal Constitucional en el caso Rol establece como Ratio Decidendi que los artículos 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886 y 495, inciso final, del Código del Trabajo son inaplicables por inconstitucionalidad, ya que su aplicación vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2) y debido proceso (artículo 19 N° 3). Respecto a la igualdad ante la ley, el Tribunal concluye que la norma impugnada no distingue entre situaciones objetivamente diferentes, imponiendo una sanción única y automática sin atender a la gravedad o particularidades de las infracciones cometidas, lo que resulta en un trato igualitario injustificado para casos desiguales. En cuanto al debido proceso, se señala que la norma establece una sanción automática sin permitir al afectado discutir su procedencia o duración en un procedimiento justo y racional, lo que equivale a una privación de defensa. Asimismo, el Tribunal considera que la medida de exclusión constituye una sanción administrativa que debe respetar las garantías del debido proceso y los principios del Derecho Público sancionador. Como Obiter Dicta, se destaca que la norma impugnada forma parte de un marco legislativo que busca proteger los derechos fundamentales de los trabajadores y garantizar la probidad en la contratación pública, pero su aplicación indiscriminada puede generar efectos desproporcionados y abusos. Además, se señala que la exclusión de contratar con el Estado no impide el desarrollo de la actividad económica del afectado, ya que puede seguir contratando con entes privados, y que la medida tiene un carácter temporal de dos años. Finalmente, el Tribunal subraya que la Constitución exige que las normas legales respeten los principios de proporcionalidad y razonabilidad, lo que no ocurre en este caso debido a la rigidez y automatismo de las sanciones impuestas por los preceptos legales cuestionados.