Resumen
La doctrina relevante de la resolución del Tribunal Constitucional en el caso Rol N° se centra en la declaración de inaplicabilidad del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, fundamentada principalmente en la vulneración de principios constitucionales. La Ratio Decidendi incluye el principio de proporcionalidad de las penas, que exige una relación equilibrada entre la gravedad del delito y la severidad de la pena, destacando que la exclusión total de ciertos delitos del acceso a penas sustitutivas resulta desproporcionada e irracional. Se argumenta que el quantum de la pena debe ser el criterio objetivo para determinar la gravedad del delito, y que la disposición impugnada genera una desproporción sustancial al excluir delitos con penalidades menores de los beneficios de sustitución de penas privativas de libertad, lo que contraviene los artículos 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución. Asimismo, se resalta que el ius puniendi del Estado no es absoluto y debe respetar principios limitadores derivados de la dignidad humana, como la finalidad de reinserción social y la protección de las víctimas, lo que implica un uso racional de la privación de libertad. Por otro lado, los Obiter Dicta incluyen consideraciones sobre la naturaleza de las penas sustitutivas, las cuales no constituyen un beneficio sino una sanción que restringe derechos personales y busca la reinserción social y el control de los condenados, destacando que estas medidas son más equilibradas y efectivas que el encarcelamiento en términos de rehabilitación y prevención de la reincidencia. También se menciona que la exclusión de penas sustitutivas no puede justificarse únicamente en la naturaleza del delito, sino que debe atender a criterios objetivos como el quantum de la pena. Finalmente, se subraya que el legislador no puede prescindir de la finalidad resocializadora de las penas al establecer reglas de punición, y que la exclusión total de ciertos delitos de los beneficios de la Ley N° 18.216 vulnera el estándar de racionalidad y justicia garantizado por la Constitución, afectando la igualdad ante la ley y la proporcionalidad en la aplicación del derecho penal.