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El Tribunal Constitucional conoció de un recurso de inaplicabilidad por inconstituciona…

Informe · Tribunal Constitucional · 2024

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció de un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra los artículos 18-C y 18-K de la Ley 18.101, que regulan el procedimiento monitorio para el cobro de rentas de arrendamiento y su aplicación a acciones de precario. La recurrente cuestionó la constitucionalidad de estas normas, que permiten el lanzamiento automático del inmueble en caso de incumplimiento del deudor, sin posibilidad de ampliar la demanda fuera de los casos previstos. Se solicitó la suspensión del procedimiento seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, que ordenó el lanzamiento del inmueble. El recurso se fundó en la vulneración de derechos constitucionales y en la falta de certeza jurídica del procedimiento. El tribunal resolvió requerir diversos antecedentes procesales, incluyendo copias de las causas y certificados, y ordenó la suspensión del procedimiento en la causa para evitar mayores perjuicios a la parte recurrente.

Normas citadas

  • Artículo 96 número 6 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 93 de la Constitución Política de la República
  • Ley 20.050
  • Artículos 18-C y 18-K del Título III Bis de la Ley 18.101
  • Artículo 18-A de la Ley 18.101
  • Artículo 2.195 del Código Civil
  • Ley 21.461
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Preguntas frecuentes

¿Puede suspenderse un procedimiento de lanzamiento mientras el Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inaplicabilidad?

En este caso, el Tribunal Constitucional ordenó la suspensión del procedimiento seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, que había ordenado el lanzamiento del inmueble, para evitar mayores perjuicios a la parte recurrente. La recurrente había solicitado esa suspensión al presentar el recurso.

¿Qué antecedentes puede requerir el Tribunal Constitucional al conocer un recurso de inaplicabilidad sobre procedimientos monitorios de arrendamiento?

En este caso, el tribunal requirió diversos antecedentes procesales, incluyendo copias de las causas y certificados relacionados con el procedimiento. Estos antecedentes sirven para resolver el recurso de inaplicabilidad presentado contra los artículos 18-C y 18-K de la Ley 18.101.

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