Resumen
La Contraloría General de la República, en respuesta a una consulta parlamentaria, se pronunció sobre la interpretación de la ley N° 20.744, que facultó excepcionalmente a las municipalidades a transferir fondos a empresas proveedoras del servicio de recolección y disposición de residuos sólidos domiciliarios. El organismo señaló que ya se había pronunciado mediante los dictámenes N°s. 39.604 y 67.671, ambos de 2014, precisando el mecanismo de traspaso de recursos y su destino, así como el alcance de la obligación municipal. Además, informó que implementó un portal jurídico municipal en su sitio web para fortalecer el vínculo con los abogados de las entidades edilicias, ofreciendo información actualizada, foros de discusión y acceso a normativa y jurisprudencia administrativa, con el fin de colaborar en la correcta aplicación de la normativa por parte de los municipios y sus funcionarios.